¿Está España preparada jurídicamente para abordar el cambio climático?
- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado el informe ‘Derechos climáticos. Mecanismos jurídicos de defensa del clima en España’ este lunes en la Universidad Carlos III de Madrid..
¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la crisis climática? ¿Con qué mecanismos cuenta el ordenamiento jurídico español para la defensa del clima? ¿A qué se debe el aumento de ‘litigios climáticos’? ¿Se aplican las leyes? ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación? Sobre estas cuestiones, de especial relevancia teniendo en cuenta el contexto de emergencia climática en el que se encuentra el planeta, se ha debatido durante la jornada ‘Derechos climáticos y defensa del clima. ¿Cómo abordar el cambio climático en los tribunales y en los medios de comunicación?’ que tuvo lugar la pasada semana en la Sala Buero Vallejo de la Universidad Carlos III de Madrid.
La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha presentado durante el encuentro el informe ‘Derechos climáticos: mecanismos jurídicos de defensa del clima en España’ en el que se analiza el desarrollo y evolución de los ‘derechos climáticos’, identificando una serie de litigios cuya argumentación jurídica se ha sustentado en dichos derechos, junto con una revisión de las herramientas jurídicas existentes en nuestro país que ofrecen mecanismos para la defensa del clima. “El marco jurídico español recoge derechos climáticos y ofrece mecanismos para la defensa del clima, pero debe ser aplicado correctamente, tanto por el sector público como el privado, para garantizar su cumplimiento”, ha afirmado Barreira.
La respuesta jurídica a este problema global a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París ha impulsado cambios en diversos sectores económicos. Sin embargo, las evidencias científicas reflejan que algunas medidas se han adoptado muy lentamente o no se han adoptado.
Esta falta de cumplimiento ha provocado que la ciudadanía se muestre más dispuesta a acudir a los tribunales para exigir responsabilidades. Tal y como refleja el estudio de opinión ‘Conocimiento y percepción del Cambio Climático en España’, difundido por el IIDMA en 2023, casi un 30% de los encuestados considera que sus derechos esenciales se ven afectados por el cambio climático. De ellos, un 64,5% acudirían personalmente a los tribunales en su defensa, frente a un 23,5% que no acudiría y un 12% que no sabe/no contesta.
El último informe del IIDMA realiza además un repaso por los litigios climáticos más relevantes en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —caso ‘Duarte AgosRnho y otros vs. Portugal’, caso ‘Verein KlimaSeniorinnen Schweiz y otros vs. Suiza’, ‘Careme vs. Francia’—, así como de casos relativos a la responsabilidad del sector privado, entre otros.
De igual manera, se desarrolla un análisis en profundidad de los ‘derechos climáticos’ en España, atendiendo a la Constitución Española y al marco estratégico de energía y clima —compuesto por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa (ETJ)—. Además, desgrana las obligaciones del sector privado y las garantías para el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia medioambiental.
Un informe del PNUMA apunta que en España se han producido diecisiete litigios climáticos. Sin embargo, el IIDMA ha detectado que muchos de los casos identificados en dicho informe no son estrictamente climáticos (por ejemplo, el ‘caso Prestige’, ocasionado por un derrame de petróleo en las costas gallega en el año 2002). Por otro lado, Ana Barreira ha asegurado que en nuestro país una gran parte de estos asuntos se dirimen ante tribunales del orden contencioso-administrativo o penal. En este sentido, el IIDMA viene recordando desde hace tiempo la necesidad de crear tribunales o salas especializadas que permitan un abordaje más específico de los conflictos ambientales por su alta complejidad.
El papel de la prensa
La segunda parte del encuentro ha estado centrada en el papel de los medios de comunicación. En tiempos de sobreinformación, es urgente una reflexión dentro de los medios sobre cuál debe ser su rol ante la crisis climática. Los profesionales encargados de dar a conocer a la sociedad esta cuestión tienen la tarea de divulgar investigaciones científicas en diferentes formatos narrativos adaptados a los distintas audiencias, popularizar terminología específica necesaria para la comprensión del fenómeno (‘emisiones GEI’, ‘huella de carbono’, ‘descarbonización’, etc.), desmentir bulos y noticias falsas —fake news—, conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos (sin caer en el alarmismo o la espectacularización), o promover el ejercicio de un periodismo independiente (alejado de los contenidos pagados por empresas contaminantes que generen greenwashing), entre otras.
El periodista de RTVE.es Álvaro Caballero, que escribe habitualmente sobre clima y medio ambiente, considera que «la información climática se enfrenta a dos grandes retos. El primero, la dificultad de trasladar al público general la importancia de un problema tan grande, pero a la vez percibido como algo abstracto y lejano a nuestras vidas cotidianas. En ese sentido, es fundamental explicar a los ciudadanos que el calentamiento global es algo que ya está aquí e impacta en nuestro día a día”. “Otro gran reto es informar de ello sin caer en el derrotismo, lo que puede llevar a lectores o televidentes a dejar de leer la noticia o apagar el televisor —¿si no hay nada que hacer, para qué seguir viendo noticias deprimentes?—”, ha añadido.
El evento, que ha sido moderado por la catedrática de Derecho Internacional Público y codirectora del Secretariado Internacional del Consejo Internacional de Derecho Ambiental (ICEL), Montserrat Abad, se encuentra enmarcado en el proyecto ‘Debates y Acciones sobre Clima y Medio Ambiente’ (DACE, por sus siglas en inglés). El proyecto DACE, financiado por la Unión Europea (UE) y coordinado por la asociación Justice & Environment, une a seis organizaciones de derecho ambiental procedentes de Austria, Bulgaria, Estonia, Hungría, Eslovenia y España para abordar conjuntamente cuestiones relacionadas con el Derecho y el cambio climático.
Fuente: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
