- Las dos partes comparten sus objetivos y compromiso para alcanzar la neutralidad climática y reducir las emisiones de GEI.
Víctor Resco de Dios, Universitat de Lleida
Aún no hemos superado Semana Santa y los incendios forestales vuelven a copar los titulares informativos en España. Se trata de una situación anómala, que no inédita, y podemos esperar que se normalice en un futuro cercano.
El verano de 2022 fue extremo. Se concatenaron una serie de olas de calor que contribuyeron a triplicar la superficie quemada con respecto de la media a largo plazo. Los modelos climáticos nos indican que la anomalía térmica del año pasado será la norma en el 2035. Y que en el 2050, la anomalía del 2022 será una anomalía por abajo: un año particularmente benigno.
A medida que aumenta el rigor climático y avanza el imparable calentamiento global podemos sucumbir a la tentación de atribuir el problema de los incendios forestales únicamente al cambio climático. Eso sería un error. Los incendios son una reacción química consistente en consumir (oxidar) vegetación. Por tanto, gestionando la vegetación podemos alterar el comportamiento de los grandes incendios forestales.
Pero ¿hemos aprendido algo del año pasado? ¿Se ha aplicado la gestión forestal que prescribimos entonces?
La experiencia nos ha demostrado que en España los cambios en la gestión de los incendios forestales se producen tras años catastróficos. Tras el verano de 1998, donde se quemaron casi 30 000 hectáreas en un único incendio en la Cataluña central, los bomberos de la Generalitat crearon el Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF). Tras la desgracia de Guadalajara de 2005, con 11 fallecidos, se creó la Unidad Militar de Emergencias en 2006.
En relación a las medidas tomadas tras la campaña pasada, el 2 de agosto de 2022 se publicó en el BOE una modificación de la Ley de Montes. Esta acción no se ha visto acompañada de ninguna otra medida una vez extinguida la llama mediática de los incendios del verano pasado. Parece por tanto que esta modificación legislativa fue una operación de maquillaje para apagar la soflama mediática.
En nuestros trabajos hemos demostrado que en Europa mueren más personas por incendios forestales que por terrorismo. Los incendios forestales constituyen, por tanto, un problema de protección civil de primer orden.
Los estudios científicos nos indican que debemos gestionar de forma preventiva una extensión equivalente a tres veces el área quemada en los incendios para que las actuaciones de prevención sean útiles. Según Marc Castellnou, inspector de los GRAF, apagar incendios cuesta 19 000 euros por hectárea.
Sin embargo, las actuaciones preventivas cuestan en torno a los 2 000 euros por hectárea. La extinción representa un gasto a fondo perdido. La prevención, sin embargo, permite cierto retorno de la inversión. Esto es así porque los combustibles eliminados se pueden usar como fuente de energía (bioenergía), de construcción (madera) y tener otros usos.
Sería un error enfocar el problema de los incendios desde el punto de vista de la rentabilidad, porque entre otras razones representan una amenaza a la protección civil. Pero incluso desde esa aproximación resulta difícil justificar la respuesta al problema de los incendios en base a la extinción, en lugar de la prevención.
Los parlamentos español y europeo declararon la emergencia climática en 2019. El cambio climático cataliza el problema de los incendios y lo agrava. Resulta urgente abordar el problema de fondo.
Si este verano se vuelven a repetir las condiciones meteorológicas del pasado, y si la sequía que sufren zonas como Valencia o Cataluña se agrava, es muy probable que este verano sea tan malo como el anterior, o incluso peor.
Estamos generando una deuda del área quemada: las grandes acumulaciones de combustible en las zonas que ahora arden en Castellón y Teruel son comunes en gran parte de nuestros paisajes. Y esta ausencia de gestión genera una deuda que la naturaleza se cobra en forma de megaincendio, eliminando el exceso de combustible. Una deuda que los incendios se van cobrando año tras año, y que va en aumento mientras limitamos nuestras medidas a declaraciones en el BOE. Una deuda que podemos saldar mediante la extracción ordenada del combustible.
Lamentablemente, ahora ya no podemos evitar los megaincendios de este verano, pero sí podemos empezar a trabajar para que el problema en 2024 sea menos grave.
Las zonas donde debemos actuar con mayor urgencia son las que más se queman. Esto incluye a los matorrales, las plantaciones abandonadas y las áreas protegidas.
Casi la mitad de la superficie quemada el año pasado ocurrió precisamente en áreas protegidas, mientras estas solo ocupan el 40 % de la superficie. Esto implica una afección particularmente importante en estas zonas, en contra de lo que popularmente se cree.
En el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que cortar árboles es un ecocidio, un arboricidio y un delito ecológico. La realidad es que sufrimos una epidemia de árboles: tenemos demasiada vegetación y eso agrava el problema de los incendios forestales.
La paradoja de la protección implica que cuanto más “protejamos” los paisajes, esto es, cuanto más los excluyamos de las actividades humanas, más aumenta la probabilidad de sufrir un megaincendio.
La dasonomía, o ciencia forestal, es una disciplina con dos siglos de historia. Nos enseña cómo generar paisajes seguros, resistentes al cambio climático y a los incendios, que almacenan carbono, protegen de la erosión y albergan biodiversidad. Y todo ello mientras obtenemos muchos de los recursos verdes que necesitamos en un contexto de emergencia climática y de transición ecológica.
A fin de cuentas, la ciencia sirve para eso: solucionar problemas.
Víctor Resco de Dios, Profesor de ingeniería forestal y cambio global, Universitat de Lleida
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
Adrián Mota Babiloni, Universitat Jaume I
El sector de la refrigeración es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático. Según un estudio reciente del Instituto Internacional del Frío, está involucrado en alrededor del 7,8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, este sector también es clave en nuestro día a día. Permite mantener los alimentos en buen estado y que tengamos confort en casa, la oficina o las tiendas, y es vital para todo tipo de procesos industriales.
Los hidrofluorocarbonos (HFC) surgieron en la década de los 90 del siglo pasado en la producción de calor y frío como alternativa a los gases refrigerantes de tipo clorofluorocarbono (CFC) e hidroclorofluorocarbono (HCFC), que tenían una alta capacidad de descomposición del ozono atmosférico. De hecho, los CFC se identificaron como uno de los principales responsables del agujero en la capa de ozono sobre la Antártida y su producción está prohibida.
Lamentablemente, los HFC también conllevan problemas ambientales: contribuyen al cambio climático. Esta capacidad se cuantifica mediante el potencial de calentamiento atmosférico (PCA), que compara la contribución al efecto invernadero con el dióxido de carbono.
Mezclas de estos gases que han sido comúnmente utilizadas en todo tipo de aplicaciones presentan un valor de PCA hasta 4 000. Esto significa que, si no se actúa, las emisiones de HFC pueden incrementar la temperatura global entre 0,1 y 0,3 °C para el año 2100.
La elección del refrigerante más adecuado es una tarea compleja, pues depende de muchos factores a la vez. Destacan las propiedades termodinámicas, la seguridad, la protección medioambiental, el coste, la operatividad y la eficiencia energética, entre otros.
Las transiciones de refrigerantes han priorizado que los nuevos tengan un comportamiento termodinámico y unas características de seguridad similares a sus predecesores, para efectuar una sustitución lo más directa posible. Sin embargo, esta transición para dejar atrás a los HFC exige mayores modificaciones que lo observado en el pasado.
Según un estudio reciente, si se pretende que un refrigerante sea amigable con el medio ambiente, hay que sacrificar alguna de las características exigidas anteriormente. El debate surge cuando se habla sobre qué factor no se debería priorizar. Esto depende en gran medida de la aplicación concreta del sistema de refrigeración o calefacción.
Adicionalmente, en comparación con las transiciones anteriores, no hay una alternativa clara de reemplazo. En el abandono de CFC y HCFC la industria vio que los HFC eran los más adecuados. Ahora en cambio, existen multitud de alternativas verdes a los HFC con propiedades muy diferenciadas entre sí.
Existen diferentes métodos para clasificar los refrigerantes protagonistas de la última generación, pero lo más común es diferenciarlos en sintéticos y naturales.
Los refrigerantes naturales incluyen el dióxido de carbono, los hidrocarburos (isobutano y propano, principalmente), el amoníaco y el agua. Los de tipo sintético engloban los HFC con bajo PCA, y las hidrofluoroolefinas (HFO) e hidroclorofluoroolefinas (HCFO), moléculas de reciente comercialización.
No se espera que surja un nuevo refrigerante que cumpla con todos los requisitos simultáneamente. Así que también se propone mezclar los ya existentes entre sí para obtener fluidos que resulten en propiedades intermedias, con desventajas menos acusadas.
Las entidades gubernamentales promueven el abandono de los HFC con distintas estrategias. Europa ha sido una región pionera en la transición hacia refrigerantes más amigables para el medio ambiente.
Entre otras medidas, el reglamento europeo F-Gas, que entró en vigor en 2015, restringe el valor máximo de PCA del gas utilizado según la aplicación. También limita de forma gradual la cantidad de gases fluorados que pueden ser comercializados. El objetivo es alcanzar una reducción del 79 % en 2030 en términos de CO₂-eq respecto a los niveles de 2009-2012.
En España, se aplica además un impuesto sobre los gases fluorados que supera ampliamente su precio por kilo.
Debido a estas medidas y a la inflación, los gases con alto PCA han disparado su precio respecto a años anteriores.
Este alza de los precios está motivando la búsqueda de alternativas de menor PCA, un control de fugas adecuado y el diseño de circuitos con carga de refrigerante reducida. Sin embargo, estos esfuerzos parecen no ser suficiente para cumplir con los límites impuestos por Europa.
La importación ilegal de refrigerantes es un hecho en la industria del calor y frío. Los refrigerantes ilegales, que se estima que representan un tercio de los que se mueven en Europa, no pagan los impuestos ni cumplen con la regulación.
Veamos la evolución de los refrigerantes usados en aires acondicionados domésticos con algunos ejemplos.
En general, si un equipo se adquirió hace un par de décadas o más, el gas refrigerante es un HCFC, designado como R22 en la placa de características. Si se adquirió antes del 2021, el refrigerante que seguramente aparezca es el R410A, un HFC de alto PCA.
A día de hoy, los equipos son comercializados con R32, un HFC de bajo PCA (en comparación con el R410A) y con ligera inflamabilidad. No obstante, en el sector ya se debate que esta no es la solución definitiva, y que los futuros equipos irán equipados con una mezcla de HFC y HFO, o incluso con propano, pese a su alta inflamabilidad. Esta transición no tendrá lugar hasta que la normativa de seguridad no se adapte a tal efecto.
Es difícil predecir qué sucederá en las aplicaciones de calor y frío a medio y corto plazo, pero está claro que los HFC están destinados a prácticamente desaparecer. Se están dando pasos de gigante para un futuro más verde, sin duda con mayor eficiencia y rapidez que otros sectores.
Adrián Mota Babiloni, Investigador postdoctoral en Máquinas y Motores Térmicos, Universitat Jaume I
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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