El Parlamento Europeo señala a las tecnologías del hidrógeno y el almacenamiento de carbono como proyectos de interés común

• Los proyectos se beneficiarían de procedimientos administrativos acelerados y serían elegibles para recibir fondos de la UE.

La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha aprobado, por 50 votos contra 13 y 12 abstenciones, su posición sobre los criterios y metodología para la selección de proyectos energéticos de interés común (PCI), como líneas de transmisión de alta tensión, oleoductos, instalaciones de almacenamiento de energía, o redes inteligentes, que se beneficiarían de procedimientos administrativos acelerados y serían elegibles para recibir fondos de la UE.

Apoyo a las tecnologías del hidrógeno y el almacenamiento de carbono

Los eurodiputados apoyaron la financiación del desarrollo de infraestructura de hidrógeno, como electrolizadores, así como la captura y almacenamiento de carbono. También insisten en la necesidad de apoyar la participación pública en el proceso de selección. Los proyectos elegibles también deben impulsar la integración del mercado y aumentar la seguridad del suministro.

Los proyectos basados ​​en gas natural ya no podrán optar a financiación de la UE. Sin embargo, una excepción temporal permitirá, en condiciones estrictas, que los proyectos de gas natural de la cuarta o quinta lista de PCI sean elegibles para un procedimiento de autorización acelerado.

Los proyectos seleccionados deberían ayudar a los estados miembros a alejarse de los combustibles fósiles sólidos como el carbón, el lignito, la turba y el esquisto bituminoso, afirman los eurodiputados. También proponen financiar proyectos que reutilicen la infraestructura de gas natural existente para el transporte o almacenamiento de hidrógeno.

Los consumidores no deben ser penalizados

Los eurodiputados reiteran que los proyectos elegibles deben estar en línea con el principio de “eficiencia energética primero”, que estipula que el ahorro de energía es la forma más fácil de ahorrar dinero para los consumidores y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El costo de los proyectos debe garantizar que los usuarios finales no sufran una carga desproporcionada, especialmente si eso puede conducir a la pobreza energética.

Por último, la legislación no debería afectar el derecho de un país a determinar cómo utilizar sus recursos energéticos y definir su propia combinación energética.

Fuente: Parlamento Europeo