España preside la XI Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) con el impulso a las renovables como palanca de recuperación
MITECOLa vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado por acelerar la acción por el clima y el impulso de las energías renovables para asegurar que la recuperación económica frente al COVID-19 es sostenible y justa. En su intervención en el acto de apertura de la XI Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), que este año preside España en reconocimiento a su liderazgo en transición ecológica, Ribera ha alentado a los Gobiernos presentes en el encuentro a situar la transformación del sistema energético en el centro de la toma de decisiones, apostando por la innovación, la eficiencia energética y el despliegue de energías limpias.
“Alinear los mecanismos de recuperación económica con la acción climática es el mejor camino para salir reforzados de la crisis derivada de la pandemia. La descarbonización de nuestras economías abre importantes oportunidades a escala global al facilitar acceso a energía de forma segura y asequible, creación de empleo, modernización de la industria, mejora de la competitividad y, en definitiva, sentando las bases de un nuevo modelo de prosperidad que no deje a nadie atrás y sea compatible con los límites del planeta”, ha señalado.
“Todos somos conscientes de la necesidad urgente de cambiar de rumbo hacia un futuro energético sostenible: con más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de este sector, su transformación es ineludible para poder hacer frente a la emergencia climática mundial. IRENA estima que las energías renovables y la eficiencia energética ofrecen alrededor del 90% de las soluciones de mitigación para reducir las emisiones ligadas al sector energético”, ha proseguido Ribera.
España fue uno de los países fundadores de la agencia, junto con Alemania y Dinamarca, y ha formado parte activa de ella desde su creación en 2009. La undécima edición de su asamblea general, que se celebra de manera virtual hasta el próximo 21 de enero, reunirá a 2.000 participantes, incluyendo a 70 ministros de diferentes países que, bajo la presidencia de España, debatirán durante cuatro días el camino a seguir en las políticas cero emisiones, los planes nacionales de energía y en la inversión en energías renovables.
El despliegue de energías renovables continúa su consolidación tras años de crecimiento. IRENA calcula que entre 2021 y 2023 las inversiones en energías renovables y otras tecnologías verdes alcanzarán los 2 billones de dólares, una cifra muy superior a los 824.000 millones de 2019.
Consolidación del sector renovable en España
La Agencia ha concedido la presidencia de la asamblea a España en reconocimiento a su labor y liderazgo en materia de transición ecológica. En 2020, las energías renovables, la forma más barata de generación de energía, han registrado la mayor cuota de participación en el mix energético del país, alcanzando el 43,6% de la generación eléctrica del país. Además, en este año, se han aprobado los planes estratégicos que comprometen al país a un crecimiento significativo de generación renovable a 2030 y 2050.
España, con gran recurso renovable debido a su ubicación, cuenta, además, con cadenas de valor consolidadas en el campo de las energías renovables como la electrónica de potencia, la generación renovable o la movilidad eléctrica. Todo ello abre oportunidades para que el país se convierta en uno de los principales actores en la transición energética dentro de la Unión Europea.
Marco normativo sólido y estable
El crecimiento exponencial de la capacidad renovable de España en los dos últimos años se ha sustentado en un marco regulatorio que proporciona seguridad y estabilidad a las inversiones, transforma el sistema energético en uno más flexible, dinámico y descentralizado, permite trasladar al consumidor los ahorros que implica la producción renovable y sirve de base para la recuperación económica.
España ya posee un completo Marco Estratégico de Energía y Clima que cuenta con herramientas de larga proyección como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050; y con planificaciones a medio plazo como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que determina las líneas de actuación para reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, alcanzar el 42% de renovables en el uso final de la energía, el 74% de presencia de renovables en el sector eléctrico y mejorar la eficiencia energética en un 39,5%.
Además, España ha desarrollado una Estrategia de Transición Justa para maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición hacia una economía descarbonizada; la Estrategia contra la Pobreza Energética, con objetivos claros de reducción a 2025; y cuenta con un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética -que se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria- orientado en el medio y largo plazo y que articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, situando la transición energética en el centro de la acción.
El Ejecutivo ha acompañado el desarrollo de este marco con la elaboración de estrategias, planes y hojas de ruta para aportar certidumbre y colocar al ciudadano en el centro del sistema energético. Actualmente, el MITECO está elaborando la Estrategia de Almacenamiento, una pieza clave para favorecer el despliegue renovable y garantizar precios bajos; y ultima la Estrategia Nacional de Autoconsumo para avanzar hacia un modelo energético descentralizado. El autoconsumo, que ha continuado su aumento durante 2020, mejora la eficiencia, favorece la implicación de los consumidores y posee un significativo efecto tractor sobre el conjunto de la cadena de valor y un gran potencial para crear empleo.
Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
Asimismo, con el triple objetivo de evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema, a finales de 2020 el Gobierno aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos antiguo, que dejarán de formar parte del recibo de la luz, rebajando la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos. Se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos.
Por otro lado, el MITECO ha diseñado un nuevo modelo de subastas adaptado a la realidad que permitirá trasladar al consumidor los ahorros derivados del despliegue de nuevas instalaciones renovables y que marca, por primera vez, un calendario a cinco años que aporta seguridad y consolida la cadena de valor. La próxima subasta se celebrará el 26 de enero, con un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales un mínimo de 1.000 MW se destinará a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a eólica terrestre, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.
Palanca de la recuperación
Las energías renovables también recibirán un importante impulso gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina el 37% de su dotación a la transición ecológica y, de forma más concreta, el 8,9% del total a su política palanca 3, destinada a una “Transición Energética Justa e Inclusiva”. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinan 5.390 millones de euros a la transición energética.
De esta partida, 1.900 millones irán orientados al desarrollo de energías renovables, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, así como a actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía, el impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas, o a la implementación de una estrategia específica para las islas; 750 millones se dedicarán a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; y 600 millones se dedicarán al desarrollo del hidrógeno verde como proyecto país.
D.Llorens @ FotoUJI